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ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESARIOS
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13-05-2016

Francia acepta dar explicaciones sobre el salario mínimo para transportistas extranjeros

El Gobierno francés se ha avenido finalmente a dar explicaciones al sector del transporte sobre su polémica normativa que contempla la aplicación, a partir del próximo 1 de julio, de un salario mínimo para los transportistas no residentes en el país vecino que realicen labores de cabotaje.

Por ello, la oficina de representación permanente del Gobierno galo en Bruselas ha convocado tanto a la IRU como al resto de representantes sectoriales a un encuentro que tendrá lugar en la capital belga el próximo 9 de junio, es decir, sólo tres semanas antes de que entre en vigor la medida. Será en esta cita cuando podrá conocerse más en detalle la estrategia de la Administración de este país para poner en marcha una norma que ha levantado ampollas entre los transportistas de un buen número de países pero especialmente, como es lógico, entre los de España y Polonia.

La reacción del Gobierno francés se produce ante la avalancha de consultas procedentes de diferentes ámbitos empresariales del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, de diferentes países afectados, y de forma muy especial España, sobre los detalles de una norma que muchos consideran absolutamente inaplicable por la carga burocrática que conlleva tal y como está planteada. La IRU, en concreto, hizo llegar al Gobierno francés un extenso documento con todos los interrogantes que acarrea la norma y su aplicación efectiva.

Cabe recordar que el pasado 9 de abril se publicó el Decreto Nº 2016-418 que modifica el Código de Transportes del país vecino y que contempla, entre otras obligaciones, que las empresas de transporte no residentes deberán abonar a los conductores el salario mínimo interprofesional francés respeto a los días trabajados en Francia, que alcanza la cifra de 9,67 euros brutos por hora.

Otra obligación es la relativa a la designación de un representante en Francia encargado de custodiar y presentar ante las autoridades francesas la documentación acreditativa del cumplimiento del salario mínimo por parte de las empresas afectadas.

Además, desde el 1 de julio, si finalmente la norma se aplica tal y como está planteada, los empresas extranjeras deberán cumplimentar un certificado de desplazamiento que deberá acompañar al conductor durante toda la prestación del servicio dentro de Francia. La validez de dicho certificado será dada por la empresa de transporte terrestre con un plazo máximo de validez de seis meses desde la fecha de emisión del mismo.

En el capítulo de sanciones, uno de los más peliagudos del Decreto, las multas oscilarán entre los 68 euros por no llevar a bordo del vehículo el contrato de trabajo hasta los 2.000 euros por no designar representante en Francia.

todotransporte.com

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